ARCA reglamentó el procedimiento para la extinción de causas penales por evasión tributaria

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) formalizó este martes el mecanismo administrativo para que los contribuyentes imputados por delitos tributarios puedan acceder a la extinción de la acción penal en su contra. La medida, enmarcada en los lineamientos de la reciente "Ley de Inocencia Fiscal", fue oficializada a través de la Resolución General 5882/2026 publicada en el Boletín Oficial.

Requisitos para acceder al beneficio

La reglamentación establece las pautas estrictas que deben cumplir los acusados de evasión para cerrar sus causas en la Justicia:

• Cancelación total: El contribuyente debe abonar el 100% de las obligaciones tributarias evadidas, sumado a la totalidad de los intereses resarcitorios y punitorios correspondientes.

• Recargo adicional (penalidad): Como condición legal ineludible para frenar el proceso judicial, se deberá pagar un importe extra equivalente al 50% de la deuda consolidada (capital evadido más intereses).

• Allanamiento incondicional: El infractor tiene que aceptar de forma absoluta y sin reservas los montos reclamados por el organismo, renunciando a cualquier tipo de apelación o reclamo administrativo y judicial.

Cómo sigue el proceso y el cierre de la causa

Para hacer efectivo el beneficio, una vez que el contribuyente haya consolidado y cancelado la totalidad de los pagos requeridos mediante los sistemas informáticos del organismo, ARCA procederá a emitir una constancia de regularización.

Posteriormente, los representantes legales del organismo recaudador serán los encargados de notificar fehacientemente al juzgado federal o a la fiscalía interviniente que el imputado ha cumplido con las condiciones de la Ley de Inocencia Fiscal. Con esta acreditación formal, quedará en manos del juez de la causa dictar el sobreseimiento definitivo y declarar la extinción de la acción penal, cerrando el expediente.

El Gobierno busca con esta reglamentación un doble objetivo: por un lado, incentivar una fuerte inyección de ingresos a las arcas públicas mediante el cobro de capital, intereses y multas del 50%; y por el otro, descomprimir los tribunales federales de causas penales tributarias de larga data.