Avanza la causa por privatizaciones de represas: denuncian circuito de ilegalidades para beneficiar a los Neus

Acusan al Ministerio de Economía de montar un circuito sistemático de subvaluación de activos estatales para beneficiar a un grupo selecto de empresarios vinculados al poder.

Avanza la causa por privatizaciones de represas: denuncian circuito de ilegalidades para beneficiar a los Neus

En medio de la controversia desatada por el plan de privatizaciones con el que el Gobierno nacional apunta a recaudar unos 2300 millones de dólares entre este año y el siguiente, la causa judicial por el destino de las represas hidroeléctricas del Complejo Comahue sumó capítulos de máxima tensión.

La Fundación Soberanía amplió su presentación ante el Juzgado Federal de General Roca —a cargo del magistrado Hugo Greca— para exigir la nulidad de las adjudicaciones y la citación urgente de los principales empresarios beneficiados.

El escrito denuncia una presunta "cadena de ilegalidades" orquestada desde el Ministerio de Economía, conducido por Luis Caputo, y describe un mecanismo sistemático diseñado para subvaluar los activos del Estado y transferirlos a un círculo reducido de firmas alineadas con el entorno político, de acuerdo con la información de Ámbito.

En paralelo, fuentes oficiales dejan correr por lo bajo las internas y cortocircuitos que despierta el manejo de las licitaciones dentro de la propia administración, señalando con malicia que sectores internos evaden los controles de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, al considerar que "no entiende de cuestiones técnicas".

Entre las firmas beneficiadas por la privatización que se solicita que sean citadas, se encuentra Edison, del Grupo Neuss; Central Puerto, de Guillermo Reca, la familia Miguens Bemberg y Eduardo Escassany; y BML Inversora S.A.U., controlada por MSU Green Energy, propiedad del empresario Manuel Santos Uribelarrea.

La presentación judicial detalla un circuito compuesto por cuatro ejes críticos que ponen bajo la lupa la transparencia de todo el procedimiento licitatorio:

La elusión del Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN): Conducido por Julio Villamonte y bajo la órbita de Economía, el organismo quedó expuesto por no haber contado con los plazos necesarios para realizar su labor. Según la denuncia, se buscó "preconstituir una causal de imposibilidad temporal".

La intervención del BICE: Ante las demoras, Caputo derivó la valuación de los bienes a la unidad de tasación del Banco de Inversión y Comercio Exterior, a cargo de Maximiliano Voss. La Fundación Soberanía cuestiona que una entidad dependiente del mismo ministerio que diseña y ejecuta las privatizaciones carece de la imparcialidad técnica indispensable.

La metodología de subvaluación: Se cuestiona severamente el uso del sistema de Flujo de Fondos Descontados (FFD). El propio integrante del TTN, Daniel E. Martín, advirtió en su bibliografía técnica y en informes internos que dicho sistema calcula "ganancias hipotéticas" y desoye la Norma 20.1 del organismo, la cual recomienda aplicar el método de valor patrimonial o sustantivo en consonancia con la jurisprudencia de la Corte Suprema.

El concurso "sin base" y la urgencia fiscal: El apuro recaudatorio, sumado a la concentración de funciones en una misma estructura, configuró un escenario de opacidad procedimental y riesgo patrimonial para el Estado.

El tramo final del documento judicial individualiza a las empresas adjudicatarias y advierte sobre la repetición de un mismo patrón de beneficiarios con lazos directos en el poder político:

Alicurá y Cerros Colorados: Fueron adjudicadas a Edison Inversiones S.A.U., controlada por el Grupo Neuss —liderado por los hermanos Patricio y Juan Neuss—, vinculados en el expediente a relaciones de afinidad con el asesor presidencial Santiago Caputo.

El Chocón-Arroyito: Quedó en manos de BML Inversora S.A.U., perteneciente a MSU Green Energy, propiedad del empresario Manuel Santos Uribelarrea.

Piedra del Águila: Fue otorgada a Central Puerto S.A., la firma beneficiada previamente por la subvaluación de centrales térmicas, cuyos accionistas principales son Guillermo Reca, la familia Miguens-Bemberg y Eduardo Escassany.

Ante este panorama, los denunciantes solicitaron formalmente la citación a indagatoria de los directivos mencionados y reclamaron a la Justicia que declare la nulidad absoluta de las privatizaciones en trámite.