Causa Cuadernos: naufragó la declaración de Javier Iguacel tras múltiples contradicciones y falsedades

El extitular de Vialidad Nacional durante el macrismo se presentó ante la Justicia, pero no pudo sostener sus acusaciones sobre obras fantasmas y sobreprecios.

Javier Iguacel, ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad

La esperada audiencia del juicio por la causa denominada "Cuadernos" tuvo este martes como protagonista central a Javier Iguacel, extitular de Vialidad Nacional y figura clave impulsada por la fiscalía, quien se quedó sin respuestas frente a las repreguntas de las defensas.

De acuerdo con el análisis del periodista Raúl Kollmann, la declaración del exfuncionario macrista naufragó por completo luego de repetir una serie de falsedades e inconsistencias que ya habían sido descartadas y desmentidas en el juicio por la obra pública en Santa Cruz.

Durante su extenso testimonio, Iguacel intentó sostener que se pagaron trabajos que nunca se ejecutaron, un argumento central que se derrumbó de tal forma en expedientes previos que ni siquiera formó parte de las condenas anteriores.

De hecho, el propio exfuncionario había mandado a realizar una auditoría durante su gestión cuya conclusión oficial confirmó que no se abonó nada que no estuviera construido y que era falso que los trazados viales no condujeran a ninguna parte.

Uno de los momentos de mayor debilidad en el relato del testigo se produjo cuando afirmó que, durante las administraciones de Néstor y Cristina Kirchner, las empresas constructoras se cartelizaron y aplicaron sobreprecios del 40%.

Al ser interpelado sobre por qué no radicó las denuncias correspondientes ante semejante maniobra, el exfuncionario admitió que solo formalizó entre 10 y 12 denuncias sobre un total superior a las 500 obras ejecutadas, quedando además sin respuestas al ser consultado sobre si reclamó judicialmente por el porcentaje de sobrefacturación denunciado.

A instancias del abogado defensor de Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, el testigo insistió con el argumento de que las obras viales durante el gobierno de Mauricio Macri resultaron más económicas, pretendiendo probar con ello los sobreprecios previos.

Sin embargo, las pericias técnicas de la causa demostraron que los costos menores obedecían a que gran parte de los tramos ya se encontraban avanzados y que la administración de Cambiemos frenó casi la totalidad de los proyectos iniciados, con excepción de la Ruta 3.

Las contradicciones continuaron cuando Beraldi le consultó puntualmente sobre la Autopista Richieri y la denuncia que el propio exfuncionario había publicitado contra la empresa Aecsa, perteneciente al Grupo Indalo. Ante la pregunta directa de si estaba al tanto de que aquella causa había terminado con un sobreseimiento por inexistencia de delito, Iguacel respondió con un escueto "Sí", sin poder justificar por qué omitió ese detalle al exponer.

El exfuncionario también quedó en offside al intentar instalar que la supuesta red de corrupción se instrumentó a través de la designación por decreto de un gerente de Vialidad, "algo que no ocurrió en toda la historia". Tras ser confrontado con decretos firmados por Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner que aplicaron idéntico mecanismo, Iguacel debió acotar: "Es lo que me dijeron".

Por su parte, la abogada de Roberto Baratta, Elizabeth Gómez Alcorta, lo acorraló al recordar su paso por la gestión pública y consultarle sobre un supuesto empresario que se acercó a su oficina para continuar con prácticas ilegítimas. Ante la requisitoria sobre la identidad del involucrado, el testigo admitió: "Sí, pero no me acuerdo del nombre".

Tanto Gómez Alcorta como el letrado Zenón Ceballos recordaron en la sala que el propio Iguacel había permanecido procesado en el escandaloso expediente por la renegociación de los peajes de la Panamericana —firma vinculada a la familia Macri—, donde el valor de paso se disparó exponencialmente y las acciones se multiplicaron tras una renovación contractual bajo sospecha, antes de ser beneficiado por fallos de la Cámara Federal.

Para Kollmann, el desarrollo de la jornada dejó al descubierto que el objetivo de la citación distó de buscar la verdad material sobre el denominado "Club de la Construcción" —integrado mayoritariamente por contratistas ligados al macrismo—, ratificando que la maniobra judicial respondió históricamente a una lógica de persecución política contra los gobiernos kirchneristas.